La pobreza y la desigualdad, el cambio climático y la degradación ambiental, las dificultades de crecimiento económico con inclusión y equidad, entre otros, son problemas globales que requieren soluciones innovadoras, solidarias y multisectoriales.
¿Cuál es el rol de las empresas y de los emprendedores frente a estos desafíos? El modelo de empresa tradicional, sostenido por el interés privado y la generación de ganancias, ha mutado hacia un paradigma que reconoce las acciones de las empresas y su impacto en la sociedad, y que considera posible conjugar criterios de equidad y rentabilidad.
Así, el cuidado del ambiente y la integración social están cada vez más presentes en las agendas de los negocios. En un contexto de redefinición acerca de qué es una empresa y para qué existe, encontramos que cada vez son más las que se crean, es decir, se piensan desde sus comienzos como herramientas para resolver o mitigar problemas sociales y/o ambientales de una manera rentable.
Las llamadas “nuevas economías” -aunque algunas existen hace tiempo y otras buscan recuperar prácticas no tan nuevas-, asumen distintos modos de crear valor económico y lograr impacto social y ambiental positivo.
Generar impactos sociales y ambientales positivos mientras se sostiene la rentabilidad económica ya no es una utopía.
Se trata de un ecosistema en desarrollo en la Argentina, del que participan emprendedores, instituciones públicas y privadas, empresarios, funcionarios e investigadores. Ellos promueven un cambio de paradigma en la producción económica que se sostiene sobre el cuestionamiento de viejos conceptos.
Así, por ejemplo, es posible repensar los esquemas de producción y eliminar el concepto de «desecho» para incorporar a las cadenas de valor, el uso de materiales que hoy se descartan. Conocí empresas que construyen y comercializan viviendas sociales usando “desechos” de plásticos, mientras se genera capacitación y puestos de trabajo para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Pude conocer a mujeres jóvenes que han creado empresas sociales para promover la innovación social y el comercio justo, o bien para generar los cambios culturales que fomentan la inclusión económica de las personas con discapacidad. También recorrí empresas organizadas con criterios de horizontalidad y solidaridad en diversos contextos de vulnerabilidad: todas crean valor económico a través la gestión de residuos mientras garantizan la inclusión laboral de sus asociados.
Debido a que es creciente la cantidad de empresas, emprendedores y consumidores conscientes de los efectos de sus prácticas, resulta necesario que la legislación de un paso adelante, promueva y acompañe los procesos de transformación. Es imperioso, por ejemplo, que nuevas figuras jurídicas den respaldo a emprendimientos que demuestran este tipo de compromisos, a fin de resguardar los objetivos sociales y ambientales, además de la rentabilidad económica. Es necesario también visibilizar y dar escala a las empresas, a través de instrumentos que las registren, y de la construcción de redes de apoyo a las mismas; como proponemos en el proyecto de Ley provincial que presenté a principios de este año.
Desde el sector público, en los últimos años se ha avanzado muchísimo en mejorar los mecanismos para crear empresas en menos tiempo y con mayores facilidades en las etapas iniciales, a través de la Ley de Emprendedores. También se ha fortalecido el acceso al financiamiento específicamente orientado a proyectos de impacto. Otro camino posible es priorizar en las compras o contrataciones del sector público a las empresas que conjuguen precios convenientes con criterios de sustentabilidad.
La agenda de esta nueva economía debe seguir creciendo en función de sus ventajas: es más inclusiva, justa, sustentable y equitativa. Para ello, dos desafíos se presentan por delante. Primero, es necesario movilizar a los sectores activos y construir redes amplias, que vinculen a quienes, desde distintos ámbitos, están abordando la problemática. Segundo, la construcción de una agenda propositiva de cambios legales y de políticas públicas, que permitan potenciar a un sector que pone a las comunidades y al ambiente en el centro de las preocupaciones.
Laura Aprile, diputada provincial